“Voltereta” del Gobierno: vuelven las Fuerzas Armadas a La Araucanía

La ola de atentados contra la industria maderera en la Macrozona Sur no se detiene y a la quema de más de 20 vehículos en Teodoro Schmidt, horas más tarde se sumó un ataque al Centro Inia Carillanca, en la comuna de Vilcún. Pero estos no son hechos aislados, ya que desde que terminó el último Estado de Excepción Constitucional impuesto por el Presidente Piñera, con la aprobación del Congreso, las acciones -denominadas por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de «sabotaje»- se multiplicaron.

Así, han sido múltiples las voces que han presionado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric para que retornen los militares. Tanto parlamentarios de derecha, como de centro izquierda; empresarios y productores agrícolas, así como la gente de la calle o a través de redes sociales, son muchas las voces que piden que se decrete nuevamente el Estado de Excepción, que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en la región.

Sin embargo, lo que estaba claro desde antes de que asumiera siquiera Boric, era que su administración no solo terminaría con la medida de Excepción Constitucional que había iniciado Piñera (que estuvo vigente por lo menos seis meses en la Macrozona Sur), si no que no la volvería a utilizar, lo que se reiteró una y otra vez, a medida que la prensa preguntaba. Todo para comenzar con un proceso de diálogo con todos los actores involucrados en el denominado «Conflicto Mapuche».

Diálogo que comenzó mal y con una muy mal planificada visita de la ministra Izkia Siches a Temucuicui, donde fue recibida «a balazos», teniendo que huir del lugar. Semanas más tarde se confirmaría que lo que se estaría realizando ahora serían «acercamientos», ya que el diálogo comenzará después del plebiscito de salida de la Convención Constitucional, el próximo 4 de septiembre.

No obstante, la violencia que se vive en la Macrozona Sur -que se ha vuelto un tanto selectiva y orientada más hacia las forestales- ha ido en aumento, lo que ha obligado al Gobierno a replantearse la idea de pedir la ayuda de las Fuerzas Armadas.

Desechan «Estado Intermedio»

Si bien el Gobierno inicialmente tanteó la posibilidad de imponer un «Estado de Excepción Constitucional Intermedio», para lo cual necesitaba del Congreso y de una Ley que lo estableciera -idea que nació incluso tras la paralización de los camioneros en la ruta 5 sur- fue la propia coalición del Presidente Gabriel Boric la puso en duda su eventual apoyo.

Medida que por supuesto generó inmediatas reacciones en algunas comunidades y dirigentes, como el caso del líder mapuche Aucán Huilcamán, quien advirtió que tomarían acciones públicas en caso de aprobarse ese eventual proyecto de ley.

Sin embargo, la imposibilidad de «asegurar los votos» en el Congreso y el aumento de atentados y ataques incendiarios, terminaron por empujar al Gobierno a lo que no quería.

Voltereta: Regresa el Estado de Excepción 

Así lo hizo ver el Ministro Giorgio Jackson, durante un punto de prensa tras dialogar con la directiva de la Convención Constituyente, refiriéndose al «recrudecimiento de la violencia en la Macrozona Sur» y asegurando que el Gobierno no ha descartado ninguna alternativa, incluyendo volver a instaurar el Estado de Excepción Constitucional.

Y así fue confirmado anoche, 16 de mayo, en voz de la ministra del Interior y Seguridad Púbica Izkia Siches, en un punto de prensa en donde manifestó que «hay un aumento de los actos de violencia, siendo testigos de lo que llamó cobardes ataques y viendo incluso, cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito en las zonas más rezagadas».

Siches además, aseguró que estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, generando condiciones de pobreza, por lo que confirmó que solicitaron al Ministerio Público, un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia como el narcotráfico y robo de madera, para perseguir los delitos como la ley lo mandata.

Resguardo de rutas

Es por ello que el Gobierno confirmó hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a todos los ciudadanos, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas de ambas regiones, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que pudieran mejorar la calidad de vida de los territorios.

«Con el conjunto de estas medidas, retomaremos la normalidad para las y los habitantes de la zona. Estamos comprometidos con continuar el camino del diálogo para lograr cambios profundos que aseguren el bienestar de todos y todas», señaló Siches.

Cabe señalar que la Ministra también señaló que «han mandatado a las nuevas autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reactivar la compra de predios», con el fin de lograr acuerdos ante la «deuda histórica con el pueblo mapuche».

«Adicionalmente, reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas para fortalecer la capacidad del Estado para atender las necesidades de los pueblos indígenas», sostuvo.

Todo esto, mientras que la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega confirmó que el gobierno se va a querellar contra el comunero mapuche y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, luego de que llamara a defenderse y armarse ante la inminente presencia militar en la zona, que hoy, es confirmada.

Así las cosas, todavía quedan algunas dudas que responder, por ejemplo, conocer la fecha en la cual comenzará a regir esta medida en la zona y si las Fuerzas Armadas contarán o no, con la atribución de utilizar su armamento en caso de ser atacados.