Informe de impactos de la protección a las inversiones recomienda que la nueva Constitución prohíba el arbitraje con empresas extranjeras

 Informe de impactos de la protección a las inversiones recomienda que la nueva Constitución prohíba el arbitraje con empresas extranjeras
  • Las sugerencias del reporte apuntan a hacerse cargo de las consecuencias de 30 años de haber levantado y suscrito estos mecanismos y plantear un futuro con mayor autonomía y con ejercicio de la soberanía de nuestros pueblos

 

Chile es el país de la región con la mayor cantidad de tratados internacionales que incluyen capítulos de protección de las inversiones extranjeras. Durante décadas los gobiernos firmaron una gran cantidad de tratados que otorgan privilegios especiales a los inversores extranjeros, al permitirles denunciar al Estado en el marco de instituciones arbitrales internacionales en lugar de utilizar los mecanismos establecidos en las justicias nacionales.

 

Sin embargo, el proceso constituyente abre la posibilidad de discutir estos tratados de comercio e inversiones y revisar el tratamiento que Chile otorga a las inversiones extranjeras. A escala global se discute hoy la necesidad de contar con tratados que avalen las políticas públicas que protejan los derechos humanos, laborales y medioambientales y que vayan de acuerdo con objetivos de desarrollo sustentable. Esto requiere recortar los amplios derechos de los inversores, por ejemplo, para acudir al arbitraje internacional ante cualquier medida que, según su interpretación, afecta su “legítima expectativa de ganancia”.

 

El informe “Impactos del sistema de protección de inversiones y arbitraje” desarrollado por el Transnational Institute, presenta una sistematización de estadísticas en base a un análisis de los casos inversor-Estado (ISDS) conocidos contra Chile hasta septiembre de 2021.

 

Respecto al aporte de este informe para las discusiones que se deben dar en la Convención Constitucional, Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, comenta que: “Es necesario conocer hoy día las consecuencias que ha tenido la aplicación de 30 años de acuerdo de protección de inversiones y de Tratados de Libre Comercio para dimensionar para comprobar cómo se ha comprometido la soberanía de nuestro país. Como estos instrumentos han logrado paralizar o impedir mejoramientos tanto del sistema democrático como de la protección de los derechos sociales”, sostiene Cuenca.

 

El reporte analiza todos los tratados vigentes que incluyen protección de inversiones, las demandas arbitrales que ha enfrentado y la ola de amenazas en contexto de pandemia, y teniendo en cuenta lo anterior el informe entrega cuatro recomendaciones:

 

  • La incorporación de artículos en la nueva Constitución chilena que prohíban el arbitraje en base a tratados con inversores extranjeros.

 

  • El inicio de un proceso de denuncia de todos los tratados de inversión que posee Chile, e iniciar una revisión de los tratados de libre comercio que incluyen compromisos en materia de inversiones extranjeras. Asimismo, requerir la salida de Chile del CIADI.

 

  • El impulso de una auditoría de todos los tratados de inversión y del sistema de arbitraje de Chile. Con esto se puede comprender de un modo integral los efectos de los TBI y de los capítulos de inversión de los TLC.

 

  • La incorporación de mecanismos vinculantes sobre los modos en que se negocian los tratados que incluyen compromisos en materia de comercio e inversiones. Se puede exigir la existencia de mecanismos de transparencia en las negociaciones de tratados de inversión y de comercio que desarrolle Chile a futuro.

 

 

“El informe pone el acento en algunos puntos cruciales que siguen abriendo el debate con la modernización de nuevos tratados de libre comercio. Es necesario que hoy tengamos a la vista lo que esto ha significado porque tenemos la oportunidad de reconfigurar en el proceso constituyente las condiciones”, comenta Lucio Cuenca de OLCA.

 

Sobre las sugerencias finales del informe hacia el proceso constituyente Cuenca opina que: “Justamente apuntan a hacerse cargo de las consecuencias de 30 años de haber levantado y suscrito estos mecanismos y plantear un futuro con mayor autonomía y con ejercicio de la soberanía de nuestros pueblos”, explica el Director de OLCA.

Equipo Periodístico

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