CCHC Temuco lidera iniciativa popular de norma para que la nueva Constitución garantice el derecho a la seguridad ciudadana

 CCHC Temuco lidera iniciativa popular de norma para que la nueva Constitución garantice el derecho a la seguridad ciudadana

La iniciativa que nació en la región de la Araucanía, y que logró un alcance nacional debido a su implicancia, busca posicionar en la Convención Constitucional la discusión en torno a consagrar como derecho fundamental el acceder a una debida protección y reparación del Estado. “Pedimos que se garantice el derecho a vivir libres de las amenazas que genera la violencia”, dice parte del texto presentado.

A través del mecanismo de Iniciativa Popular de Norma habilitado por la Convención Constitucional para recibir el aporte de la ciudadanía a la discusión sobre una nueva Constitución para el país, la Cámara Chilena de la Construcción Temuco lideró una iniciativa de alcance nacional que apunta a garantizar el derecho a la seguridad ciudadana.

La propuesta, que se presentó en Santiago con el apoyo de un grupo transversal de víctimas de violencia y delincuencia a nivel nacional, plantea directamente que “todas las personas tienen el derecho de vivir libre de las amenazas que genera la violencia y todos aquellos actos que revistan el carácter de delito conforme a la ley”.

Origen

La iniciativa nació a propósito de la violencia rural que se ha vivido históricamente en la región de la Araucanía, y que se ha visto recrudecido en los últimos años con atentados a la propiedad privada, ataques armados a personas, tomas de terreno y destrucción de maquinarias, afectando la seguridad y el buen convivir de la comunidad y empresas de la zona.

En ese sentido, la CChC Temuco asumió un rol protagónico con el objetivo de liderar una iniciativa que consagre el derecho a la seguridad ciudadana, levantando, en un trabajo mancomunado con diversas instituciones de la región, esta iniciativa popular de norma que, a medida que avanzó en su desarrollo, logró un alcance nacional, abarcando la violencia rural y urbana y el apoyo de más instituciones representantes de la sociedad civil.

Presentación

La iniciativa, ingresada de manera digital a través del mecanismo dispuesto por la Convención Constitucional, fue presentada por un grupo de víctimas de diversos hechos de connotación social: Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana que sufrió vandalismo durante el estallido social; Raúl Moya, padre de Tamara, menor de dos años asesinada por delincuentes en una encerrona; Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Naín, carabinero asesinado tras una emboscada en La Araucanía; Mikaela Becker García, representante de familia de agricultores amenazados e intimidados; entre otros.

“La Nueva Constitución debe ser el inicio de un cambio, donde las víctimas seamos prioridad, donde el Estado garantice nuestro derecho a vivir sin miedo: sin miedo a salir de nuestro hogar, a transitar por las calles y carreteras de nuestro país, por caminos rurales; sin miedo a ser asaltado, violentado, a que se apropien ilegalmente de nuestros bienes as propiedades, y sin miedo a que nuestros negocios sean atacados por turbas que actúan impunemente. El mensaje que queremos llevar a la Convención Constitucional es uno solo: PRIMERO LAS VÍCTIMAS”, dice la iniciativa ingresada.

Ese es precisamente el nombre que llevará la campaña de recolección de las 15 mil firmas que se necesitan para que la Convención Constitucional discuta y someta a votación la norma.

“Queremos que nuestra voz sea tomada en cuenta. Queremos que, por primera vez, se ponga primero los derechos de las víctimas y no de los victimarios”, reitera la propuesta de norma.

El articulado de la norma busca consagrar el deber del Estado de garantizar la seguridad ciudadana, a través de los órganos encargados de ello, frente a situaciones que generen una vulneración para la seguridad física o psíquica de las personas, sus bienes, el disfrute de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. La Seguridad Ciudadana será prioridad.

Los ciudadanos podrán ejercer un recurso de amparo, es decir, se podrá demandar al Estado si considera que ha sido ineficiente a la hora de garantizar su seguridad ciudadana. Esto permitirá que el Estado sea más riguroso a la hora de dejar libre a delincuentes o tenga que ser más ágil para enfrentar la delincuencia.

Asimismo, se busca que el Estado sea el responsable de resarcir todos los daños y perjuicios que experimenten la o las personas, como consecuencia de la vulneración a su derecho a la seguridad ciudadana. Por primera vez, las víctimas tendrán reparación cuando se vulneren sus derechos.

Y, finalmente, se propone como obligación que el Estado promueva la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y seguridad de las personas.

Equipo Redacción Diario de la Costa

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