Observatorio Animal cumple su primer año y publica una nueva investigación sobre rol fiscalizador del SAG

 Observatorio Animal cumple su primer año y publica una nueva investigación sobre rol fiscalizador del SAG

Con el fin de visibilizar la realidad en la que viven los animales de producción, Fundación Vegetarianos Hoy crea la unidad de investigación que hoy publica su última indagación respecto a las fiscalizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero.

Observatorio Animal es una unidad de investigación de Fundación Vegetarianos Hoy que busca dar a conocer la realidad en la que viven los animales de producción, realizando investigaciones, recopilando y analizando datos, entregándolos a la sociedad civil para cambiar la opinión pública hacia la industria de producción animal.

Es en este primer año de existencia que el área de investigación ha realizado ocho investigaciones sobre animales de producción en Chile, incluyendo financiamiento a la industria agrícola, transporte de animales vivos y fiscalizaciones del SAG, entre otros. Es en este último, donde presentan su más reciente pesquisa, con datos solicitados al Servicio Agrícola y Ganadero a través de la Ley de Transparencia, respecto a las fiscalizaciones realizadas entre 2018 y 2019 por la institución pública.

Fueron un total de 766 actas de fiscalización a las que tuvo acceso el Observatorio Animal, de las cuales 22 (2,9% del total) eran ilegibles. “Esta nueva investigación que abarca el periodo 2018-2019 se suma a nuestra anterior investigación de los años 2016-2017. De esta manera, tenemos mayor claridad de las falencias en el rol fiscalizador del SAG”, comenta Cristian Apiolaza, Director Legal de Fundación Vegetarianos Hoy.

Dentro del análisis que se logró realizar a las 744 actas legibles, un 10,6% (79 actas) corresponden a casos de maltrato o crueldad animal, esto según la tipificación que establecen los artículos 291 bis y 291 ter del Código Penal. Se trata de acciones u omisiones que tienen como resultado daños, lesiones o muerte hacia animales de producción en distintos contextos o etapas de producción, tanto en planteles de crianza, sistemas de transporte o en los mismos mataderos.

Es importante aclarar que el Código Procesal Penal establece que los encargados de las fiscalizaciones en el ámbito de los animales de producción tienen la obligación legal de denunciar aquellos hechos que constituyen delitos, en este caso, hechos que constituyen delitos de maltrato o crueldad animal. Según la anterior investigación realizada por la fundación, correspondiente a los años 2016, 2017 y primer semestre de 2018, se detectaron apenas 13 casos de hechos constitutivos del delito de maltrato o crueldad animal, y según la misma entidad fiscalizadora, estos no fueron denunciados ante el Ministerio Público, por lo que “es probable que estos 79 casos tampoco hayan sido denunciados apropiadamente, dejando en la impunidad nuevamente hechos terribles a los cuales fueron sometidos un sin número de animales de producción”, agrega Apiolaza.

Otro antecedente preocupante son los reiterados incumplimientos de normas por parte de empresas correspondientes a establecimientos o transportistas. Se trata de 77 actas de fiscalización que dan cuenta de empresas con hasta 15 casos de incumplimientos reiterados a las normas. Para Daniela Carvacho, Analista de Políticas Públicas de la fundación y responsable del informe, “esto da cuenta de la falta de fiscalización eficaz por parte del SAG para cubrir todos aquellos aspectos relacionados con garantizar estándares mínimos de bienestar de los animales de producción en todos los procesos y etapas a lo largo de nuestro país”.

Además de este último informe, Observatorio Animal ha sumado dos secciones nuevas dentro de su sitio web. Una en relación con el Acuerdo Porcino en Argentina, donde se explica en detalle el acuerdo que lleva trabajando China con Argentina para comenzar a instalar mega granjas porcinas en el país vecino. Y otra sección referente a la Coalición TAPP (True Animal Protein Price), que busca fijar el precio del carbono en alimentos de origen animal, aplicando un impuesto a las carnes y los lácteos en los 50 países con mayor consumo per cápita.

En Chile se quiere incorporar un ‘Sello de Bienestar Animal’ para la industria, pero nos cuestionamos su legitimidad cuando todavía no existe una institucionalidad adecuada para realizar el trabajo eficiente de fiscalizar y garantizar el bienestar animal, por eso se hace de suma importancia exponer esta información a la sociedad civil, teniendo en cuenta el discurso del Estado chileno que asegura cumplir con los estándares de bienestar en la producción animal”, finaliza Carvacho.

La investigación en detalle está disponible en el informe Fiscalizaciones del SAG 2018 – 2019. También se puede acceder a los demás informes realizados por el programa Observatorio Animal en su página web observatorioanimal.org.

Notero

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